México- Al presentar hoy en Palacio Nacional el informe de la Comisión Presidencial por la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa, a seis años de la desaparición de los 43 normalistas, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y acompañado de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, reafirmó que derivado de la verdad histórica que se construyó con base en la simulación, fabricación de pruebas y tortura, en este gobierno se rompen los candados de silencio e intereses ligados al crimen organizado y al poder público para que no haya impunidad.
“En ese esfuerzo no cejaremos, esa es la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador y nuestro compromiso. Aquí, no estamos cansados y nos vamos a cansar hasta encontrar a todos los estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa”, agregó el subsecretario y presidente de la Comisión Presidencial por la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa.
Ante padres y madres de los normalistas, el subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez refrendó que Ayotzinapa representa una afrenta a la sociedad y una de las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el país, lo que ha dejado una profunda herida que lastima a los familiares de los normalistas y a toda la sociedad, pero no se generarán falsas expectativas, ni se construirá una nueva verdad histórica, ya que el objetivo es conocer la verdad por dolorosa que sea.
Durante la presentación del informe, el subsecretario detalló que respecto a las tareas de impartición de justicia se avanza en dos líneas, por un lado, en la identificación, detención y castigo de los autores materiales e intelectuales de la desaparición forzada de los estudiantes, entre los cuales se encuentran integrantes del cártel de Guerreros Unidos, policías municipales e integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad.
Y, por otra parte, en la identificación y detención de las autoridades y personas servidoras públicas que por acción, omisión o complicidad incurrieron en delitos vinculados con la desaparición forzada.
Informó que, a pesar de la actuación de algunos jueces que con sus determinaciones dejaron en libertad a presuntos perpetradores de la desaparición de los jóvenes estudiantes, de marzo a la fecha se han liberado 70 órdenes de aprehensión -de las 83 solicitadas- por delincuencia organizada, desaparición forzada y tortura.
Además, han sido detenidas 34 personas entre quienes se encuentran integrantes del grupo delictivo, policías federales ministeriales, agentes del ministerio público federal, expolicías federales y policías municipales, con lo que suman, hasta el momento, 80 personas detenidas.
“Atendiendo la instrucción presidencial que en este gobierno no encubrirá a ningún funcionario público, destacan las órdenes de aprehensión contra Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal; las detenciones de Carlos Gómez Arrieta, exjefe de la Policía Federal Ministerial y de Alicia Bernal Castilla, exministerio público encargada de ‘legalizar’ la verdad histórica”, puntualizó.
Durante la presentación del informe intervinieron la madre de Miguel Ángel Hernández Martínez, la señora María Martínez Zeferino; el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero; el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo; y del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI), Francisco Cox Vial.
