Chihuahua, Chih.- Desde la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE) consideramos que el “Pin Parental”, propuesta que permite a los padres y madres, negar el acceso a contenidos educativos o talleres sobre educación y salud sexual representaría un retroceso en el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
El Estado tiene la obligación de educar para prevenir estos ilícitos en apego a la legislación y los Tratados Internacionales en la materia, además de establecer programas de educación de la afectividad y sexualidad integral contemplando los ejes biológicos, pedagógicos, antropológicos, psicológicos de acuerdo al grado de madurez y desarrollo, con perspectiva de género y el derecho de todas las niñas y mujeres a una vida libre de violencia.
En este sentido, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE) envió una petición al Congreso del Estado, a través de las Comisiones Unidas de Educación, Juventud y Niñez, analiza la reforma a la ley de educación, pues se considera que pondría en una situación de vulnerabilidad a las NNA ante los delitos sexuales y afectaría el derecho a la educación, el interés superior de la niñez, el autoconocimiento y la toma de decisiones informadas, al negarles el acceso a la información y conocimiento que les permita prevenir abusos sexuales, violaciones y violencia familiar.
La educación sexual integral y reproductiva implica el ejercicio responsable de la sexualidad, planeación familiar, maternidad y la paternidad, prevención de los embarazos adolescentes y de las infecciones de transmisión sexual.
La Constitución refiere que la educación será laica, se mantendrá ajena a cualquier doctrina religiosa, se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos.
De acuerdo con la experiencia psicojurídica y de acompañamiento a las víctimas que ha tenido la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (CEAVE), las niñas y niños identifican que están viviendo abuso sexual cuando reciben información en las instituciones educativas.
“No todos los hogares garantizan la educación sexual de las niñas, niños y adolescentes, lo cual los pone en situación de vulnerabilidad porque son temas que no se hablan abiertamente”; enfatizó Irma Villanueva Nájera, Comisionada en la entidad.
La niñez suele mantener el abuso en secreto, derivado de la manipulación que los agresores ejercen, pues buscan confundirles para culpabilizar, normalizar o hacerles creer que es un juego, incluso amenazar con dañarlos o dañar a alguien de su familia, por lo que es preciso fomentar el diálogo y comunicación.
Cabe mencionar que la Comisión Nacional de los Derechos humanos y la Secretaría de Gobernación (SEGOB) coinciden en que es una medida que se opone a la construcción de una sociedad inclusiva, con acceso a la información de manera responsable.
Por otra parte, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) señaló que México encabeza el listado de la OCDE en abuso sexual infantil y adolescente. También, según el “Diagnóstico sobre la situación del abuso sexual infantil en un contexto de violencia hacia la infancia en México”, elaborado por Early Institute, Chihuahua es uno de los estados con mayores índices de violencia sexual durante la infancia, representada por delitos como la corrupción de menores y el feminicidio.
Finalmente, registros de la Dirección de Estadística Criminal de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec) argumentan que la ciudad de Chihuahua y Juárez concentran el 75 % de las denuncias en este sentido, desde el año 2018.