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Chihuahua, Chih.- Tras la golpiza propinada por más de 10 personas a una pareja de hombres homosexuales la madrugada del pasado domingo al salir del bar Panic Botanic ubicado en el la plaza comercial Paseo Central por el simple hecho de ir tomados de la mano, se puso de nuevo a debate el tema de la discriminación por razón de preferencias sexuales, en un estado que se ubica como el segundo con más crímenes y ataques de odio.
En los datos de la primera Encuesta Intersex en México presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, a finales de enero pasado se destaca que 75.6 por ciento de los encuestados experimentó comentarios negativos o burlas, 73.5 por ciento se sintió excluido y 48 por ciento fue agredido.
Además, en los últimos cinco años, de 2015 a 2019, al menos 441 personas LGBT fueron víctimas de violencia homicida, con el último año como el más violento del lustro.
El informe 2020 del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT destaca que, “de 209 casos de crímenes de odio, 6 se cometieron en Baja California, 37 en Chihuahua, 14 en Coahuila, 13 en CDMX, 22 en Guerrero, 10 en Jalisco, 28 en Michoacán, 12 en Nuevo León, 18 en Puebla y 49 en Veracruz”.
Enfatizando que, “las crecientes cifras en Veracruz, Chihuahua y Michoacán resultan motivo de especial atención”.
Las encuestas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) ubican a las personas LGBT en los primeros lugares de entre las poblaciones con los mayores índices de discriminación en nuestro país y revelan que viven inmersas en un contexto de discriminación y de intolerancia: 6 de cada 10 personas LGBT fueron discriminadas en el último año de la encuesta, y el 53% sufrió.
Ante los hechos registrados en Chihuahua, la diputada Deyanira Ozaeta presentó una iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar el Código Penal del Estado de Chihuahua y Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Chihuahua en materia de discriminación, “soy una convencida de que las acciones punitivas no son la única respuesta a un tema como la discriminación, pero sí forman parte de una estrategia integral que debe ser apuntalada por campañas educativas para prevenirla y eliminarla”, indicó.
Explicando que, “la discriminación, de cualquier tipo, representa una dificultad para alcanzar los derechos que por ley son inherentes a los seres humanos. Poder decidir sobre la vida que cada persona quiera llevar, es parte de lo que la ley garantiza en la letra, sin embrago, en la realidad, esto no sucede debido a acciones y actitudes discriminatorias de ciertos grupos que limitan esa posibilidad y terminan excluyendo y marginando a quienes son ‘diferentes’ por el simple hecho de serlo”.
La iniciativa pretende también que reforme el artículo 197, primer párrafo, fracciones II, IV, segundo y cuarto párrafo; se adiciona al artículo 197, un quinto párrafo; todos del Código Penal del Estado de Chihuahua, para quedar redactado de la siguiente forma: Se impondrá de uno a tres años de prisión o de cien a trescientos días de trabajo en favor de la comunidad y multa de cien a trescientos días a quien, por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, religión, ideología, orientación sexual, género, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, características físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.